Legalización o represión: prevención

Es el debate eterno. O si se quiere el debate “río”, aparece y desaparece por los meandros de las discusiones.

La falta de acuerdo sobre cuál es el mejor modelo para intentar poner un cierto orden en este mercado de por sí caótico, está presente en el ámbito conceptual desde hace demasiados años. Las posiciones –aunque pueda haber otras- de partida son dos: legalización o represión.

A favor de la legalización

Los partidarios de legalizar las drogas que cada día son más, barajan los siguientes argumentos:

a) El inmenso poder de los grupos y organizaciones mafiosas. Esta razón es incuestionable. Están en todas partes como ya he dicho. Desde los sistemas económicos hasta los sistemas políticos. Frente a  este poder los gobiernos han legislado con la obsesión de controlar el tráfico de drogas. No ha servido de mucho. Pese a operaciones policiales muy importantes, la proliferación de bandas ha continuado. Al deshacer una red tipo cártel han nacido 5 ó 6 organizaciones nuevas. El fenómeno ha proliferado en todo el mundo.

b) Otro argumento que esgrimen los partidarios de legalizar es el poder corruptor que en nuestra sociedad tiene el dinero del tráfico de drogas. Como he dicho el dinero del tráfico de drogas está en todas partes. La implicación de funcionarios, administraciones, ciudadanos, la compra de voluntades, la forma de evadir los controles son cada vez más sofisticados, y parece que nunca se llega a concluir en este tema.

c) Los gastos sanitarios, dicen, de las drogas legales: alcohol y tabaco, son mucho más elevados que los costes sanitarios impuestos por el uso de drogas ilícitas. Sin olvidar la marginación de los consumidores que en muchas ocasiones acaban en las prisiones. Añadiendo un gasto importante al estado que fracasa al no llevar a prisión a los “desconocidos” jefes de las diferentes bandas criminales.

d) Teniendo presentes estos y otros argumentos –afirman- la solución más razonable para atajar la corrupción y las actividades delictivas de las drogas pasa por la legalización internacional del mercado de determinadas sustancias. En este sentido afirman que los grandes problemas de la droga se derivan de la ilegalidad de su mercado. Si fueran legales funcionaría de forma parecida al resto de los mercados legales de otras sustancias como es el alcohol, café y tabaco. Se regularían en diversos grados por los gobiernos tanto de los países productores como los consumidores; los participantes individuales y corporativos del mercado pagarían impuestos y estarían sometidos al control y fiscalización de sus productos. Así podríamos ver cómo los gobiernos se evitarían los enormes costes producidos para hacer valen las leyes de prohibición de las drogas.  De esta forma se conseguiría un modelo de control de calidad del producto a la hora de la comercialización.

Hay otros elementos como puede ser la seguridad ciudadana que se vería reforzada con esta decisión, así como terminar con “el efecto contagio” del narcotráfico en las barriadas más humildes. 

En contra de la legalización

Las posiciones en contra de la legalización de las drogas se basan en estos otros principios:

a) Desde un punto de vista filosófico nos encontramos aquellos que sostienen que desde el marco de la Educación para la salud resultaría contraproducente legalizar un determinado número de sustancias que se revelan como nocivas para la salud orgánica, psicológica y social de los ciudadanos y que vulneran todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

b) Del mismo modo, la pertenencia de nuestro país a la U.E. hace inviable este tipo de decisión de manera unilateral, sin contar con acuerdos de carácter continental.

c) Legalizar las drogas conduciría inevitablemente a la incorporación de su consumo entre personas que nunca hubieran accedido a ellas en las circunstancias actuales. Por tanto se produciría un incremento en el número de usuarios de las mismas que sería en todos los casos superior al número de los que se incorporan a ella en la actualidad. La aparición de nuevas sustancias obligaría de forma permanente a estar en la modificación del proceso de legalización de sustancias conforme fueran apareciendo sus efectos, hasta que adquirieran la catalogación de drogas.  Esto se produciría después de meses y años de consumo generalizado, por lo cual, a la hora de proceder a su legalización se habrían incorporado un número indeterminado de personas por cada nueva sustancia. La legalización del consumo, como ha ocurrido en aquellos países donde no está penalizado el consumo, no rompe el estigma de la marginación a que está sometido el toxicómano.

d) Por otro lado, la existencia de una situación de legalización del consumo quitaría eficacia a las campañas de prevención del consumo al no poderse justificar la existencia de sustancias fácilmente asequibles.

e) Resultaría ilusorio, dicen otros, pretender con la legalización acabar con la venta o reventa de drogas a menores que no pudieran tener acceso a ellas, o alimentar la esperanza de que los grandes narcotraficantes dejarían un próspero negocio sin buscar vías alternativas.

Por ello, ante los que reclaman la necesidad de producir un cambio de rumbo en las actitudes penalizadoras y sancionadoras de los consumos de drogas, se choca frontalmente con los esfuerzos que la mayoría de los gobiernos realizan para controlar su uso y el mercado de las mismas.

Ante este panorama la respuesta que observamos tiene que ver con el compromiso de los estados, a través de los organismos internacionales, de entrar en una vía exclusiva para combatir el daños: la represión.

f) El alto consumo de drogas legales en la actualidad se incrementaría si se legalizaran nuevas sustancias, disparándose también, dicen, el gasto sanitario público.

g) Las organizaciones criminales no sólo trafican con drogas, también lo hacen con armas, con personas (trata de blancas) y con lo que haga falta. Por lo tanto continuarían con sus “negocios” aunque se legalizaran las drogas.

Estas son, a grandes rasgos las líneas del debate. Personalmente siempre fui partidario de legalizar las sustancias. Actualmente no lo tengo tan claro. Tendría que saber con certeza quien compra, qué compra  y a quien compra. Estas cuestiones no acaban de responderse. Unos hablan de mercado libre: que compre quien quiera, lo que quiera, y a quien quiera. No estoy de acuerdo por las consecuencias futuras. Seguro que venden productos de más baja calidad que si es un producto controlado por los estados. El problema que tienen estados o gobiernos es la falta de agilidad a la hora de poder “vender” en estancos o en otros negocios, productos que ya circulan ilegalmente. Las drogas de síntesis, por ejemplo, son imposibles de “seguir” por la multitud de variedades que existen. Cierto que se pueden hacer campañas informativas pero el problema de fondo subsiste.

Estoy seguro,  de que el prohibicionismo radical no resuelve el problema.

Sea como fuere, siempre habrá que avanzar más en prevención. Aunque se legalizaran las drogas, la prevención sería clave para disminuir los consumos. Justamente es lo contrario de lo que hoy hacen tanto la Administración autonómica como la estatal. Los programas de prevención en drogas y en otras materias prácticamente han desaparecido. Descansen en paz. Aunque volverán con violencia.

                                                                           José Chamizo de la Rubia

Chamizo anuncia que estudiará la relación entre narcotráfico y política

José Chamizo, defensor del pueblo andaluz desde 1996, ha hecho este martes un balance de su gestión al frente de la institución que, por acuerdo de los tres grupos parlamentarios, abandonará en breve. Chamizo, quien no descarta un futuro político —"es una puerta que no voy a cerrar", asegura—, ha adelantado que seguirá trabajando en una ONG, Voluntarios por Otro Mundo, que se creará legalmente el mismo día que deje de ser defensor y en la que hará lo mismo que hasta ahora. "Pero me sentiré mucho más libre para dar mi opinión", señala. "Seguiré trabajando para denunciar las relaciones que existen entre narcotráfico y política en Andalucía, ya que existen indicadores preocupantes en este sentido", apunta Chamizo.

"Esto no es nada nuevo, pero no puedo decir mucho más porque está en riesgo mi seguridad personal. Ahora los únicos que tienen dinero para inyectar en la economía son los narcotraficantes y, como ocurre en Italia, se está dando la figura del narco-empresario", apunta el todavía defensor que será sustituido en el cargo por Jesús Maeztu.

Desde la nueva asociación, que se mantendrá con las cuotas de los socios y patrocinios privados pero sin ayudas de la Administración, Chamizo creará un grupo de trabajadores voluntarios que prestará atención a toxicómanos que reciben tratamiento, a presidiarios sin recursos que se convierten en esclavos de otros internos o a menores extutelados por la Administración que se encuentran en la calle abocados a la prostitución o a la toxicomanía, ha explicado el sacerdote gaditano.

De sus años al frente de la oficina del Defensor del Pueblo —en los que ha tramitado y recibido más de 88.000 quejas—, Chamizo se siente especialmente orgulloso de que la institución se haya convertido en un referente y sea la segunda más valorada por los andaluces después de la Universidad. "Pero ha sido también un tiempo muy doloroso porque el dolor humano no se puede aliviar y me quedan los sinsabores de las personas que han acudido a mí como la última esperanza y no he podido ayudarles", añade.

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